La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles una resolución para reforzar la protección de la Unión Europea (UE) frente a legislaciones extraterritoriales como la Ley Helms-Burton de Estados Unidos, aplicada desde hace tres décadas contra Cuba.

La iniciativa, presentada por el diputado Aurélien Taché y respaldada por el grupo La Francia Insumisa, exhorta a la Comisión Europea a calificar estas normas como formas de coerción económica. El texto propone utilizar el Instrumento Anticoerción (ACI), adoptado por el bloque regional en 2025, para dar una respuesta jurídica y política a las sanciones de Washington.

El informe parlamentario denuncia el grave daño que la Ley Helms-Burton provoca en la economía cubana, especialmente tras su aplicación total desde 2019. Los legisladores subrayaron el efecto disuasorio de esta normativa sobre empresas de terceros países y afirmaron la urgencia de establecer mecanismos de protección eficaces.

El grupo promotor destacó la necesidad de reafirmar la solidaridad con la isla caribeña ante las amenazas del Gobierno estadounidense y las prácticas ilegales que componen el bloqueo económico, comercial y financiero.

Esta acción legislativa coincide con la firma de una nueva orden ejecutiva el pasado 1 de mayo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este impone medidas coercitivas unilaterales que recrudecen el cerco energético y financiero contra Cuba.

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Las disposiciones se dirigen específicamente a bancos extranjeros que cooperen con el Gobierno cubano e incluyen restricciones migratorias adicionales. Según el documento oficial, Washington bloqueará activos de personas o entidades que operen en los sectores de energía, minería, defensa o seguridad en la isla.

La medida establece que cualquier organización financiera internacional que facilite transacciones significativas para entidades cubanas restringidas enfrentará el cierre de sus cuentas en Wall Street o la prohibición de operar en dólares.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado coordinarán la congelación de propiedades e intereses bajo la justificación de que Cuba representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. El decreto no menciona nombres específicos y entró en vigor de manera inmediata tras su rúbrica.

La orden ejecutiva firmada este mes de mayo intensifica la estrategia de presión política y criminalización del proyecto político cubano. El Gobierno estadounidense mantiene la retórica de señalar a Cuba por un supuesto apoyo a grupos considerados terroristas de forma unilateral.

Estas sanciones buscan imponer la voluntad de Estados Unidos mediante el asfixia económica y la persecución de las relaciones comerciales de la nación antillana con el resto del mundo.

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